El sistema regulatorio financiero isleño pasa por una
amnesia preocupante, pues liberó el crédito a las Pymes –pequeñas y medianas
empresas- dejando de lado a las microempresas, en obvia observación de que
éstas no forman parte de la realidad socioeconómica de las Pymes.
El sector de las microempresas, sector informal completo,
es la columna vertebral del desarrollo económico dominicano, lo componen la
gran mayoría del PEA vigente –Población Económicamente Activa-,
independientemente de su condición social, son los que no tienen acceso a
empleo formales, debido entre otras cosas, y no necesariamente al nivel de
educación y preparación especializada, a que la oferta de empleo formal en la
isla es muy reducida, y la que existe ofrece salarios espurios, muy por debajo
de los niveles de dignidad humana.
El carácter informal de la economía en cuanto a la tributación,
es relativo. Afirman opiniones interesadas, confundidas sobre desarrollo económico,
que la informalidad no tributa, que hace competencia desleal a los que sí
tributan. Falso de toda falsedad. De la competencia, el sector formal cuenta
con cuantiosas inversiones, cosa que no tienen los informales. Es bueno
recordar que se grava la inversión y no el status de empresa. En cuanto a la tributación
debo decirles que el consumo está
grabado en la República dominicana, sea formal o informal quien consuma.
Ahora bien, el tratamiento a las microempresas no puede ser igual que al de las
Pymes, son dos realidades distintas, diametralmente opuestas.
La banca dominicana, insisto, debe estructurar unidades
operativas especializadas para atender las solicitudes de crédito de las
microempresas, pues una sucursal convencional de cualquier banco no es la
adecuada plataforma de servicios para ese masivo sector económico. Terminemos
de una vez para siempre el cacareo obsoleto de Mí-Pymes, taxonomía anquilosada en los archivos en
desuso.