El extrañamiento de YPF, filial de la empresa petrolera española Repsol, en territorio argentino es una medida correcta de la presidente Cristina Fernández. Tanto el gobierno español del derechista Mariano Rajoy, como cualquier nación que respalde inversiones extranjeras de sus capitales nativos, deben saber que en esta época –siglo veintiuno en adelante- la expansión económica de sus naciones no puede –ni debe- financiarse con patrimonio de otros pueblos, sencillamente porque, fruto de la integración planetaria empujada por los avances tecnológicos de la cibercomunicacion, la idiosincrasia –por ende los modos de pensar y actuar- de la sociedad mundial ha cambiado ostensiblemente.
La inversión extranjera está mal estructurada. Existe el mal endémico, en los países en vías de desarrollo, de considerar la inversión extranjera bajo el ejercicio de tiempo indeterminado. Si corregimos este enfoque, los activos creados en el tiempo prudente –no más de quince años- deben revertirse en patrimonio nacional, sin más ni más. Esta medida, sana a todas luces, debe implementarse también en las empresas que operan en territorio isleño bajo el régimen de zona franca, incorporándolas a la manufactura dominicana, que es parte esencial de la economía real, y no como hasta ahora, en una estadística de ficción.
El principio tácito, pero no menos evidente, del desarrollo de las mejoras en que opera toda economía, es una fuerza invisible, creciente e indómita sustentada en la identidad propia. Ahí no caben chantajes revestidos de pseudomoral, cuando se apela a una justicia comercial inexistente como argumento de coacción al imponer la vigencia de una inversión extraterritorial de origen coyuntural. Las inversiones extranjeras son negocios de oportunidad, que lejos de beneficiar a las naciones en donde operan, nutren a las economías de origen.
Llegó el tiempo en la isla de promover la inversión nacional, alejados del malgasto obsecuente en fuerza laboral que no genera riqueza, caso típico de inversiones extranjeras mal estructuradas.